Respuesta directa: desde febrero de 2026 la inspección educativa tiene norma propia y completa, el Real Decreto 68/2026, de 4 de febrero. Dos datos que conviene saber antes de una visita: los inspectores pueden «examinar y comprobar la documentación académica, pedagógica y administrativa de los centros» y tienen la consideración de autoridad pública (art. 7). Y sus informes y actas gozan de presunción de veracidad y carácter probatorio, aunque —salvo que una norma diga lo contrario— los informes no son vinculantes (art. 11.1).

Esas dos últimas ideas se confunden constantemente. Que un documento haga prueba de los hechos no significa que su criterio obligue. Son cosas distintas y conviene no mezclarlas.

Qué es el RD 68/2026 y qué ha sustituido

Hasta ahora la inspección educativa vivía repartida entre la Ley Orgánica de Educación y normas reglamentarias dispersas, la principal de ellas de 1995. El nuevo real decreto reúne el conjunto: naturaleza del cuerpo, principios, fines, funciones, atribuciones, organización, la visita, los documentos que produce, el acceso al cuerpo, la formación, la carrera profesional y la evaluación de la propia inspección.

Su disposición derogatoria única es explícita sobre lo que se lleva por delante:

• El Real Decreto 2193/1995, sobre acceso y provisión de puestos en el Cuerpo de Inspectores de Educación, derogado por completo.
• El capítulo III del título IV y el anexo III del Reglamento aprobado por el RD 276/2007, que era donde vivía hasta ahora el acceso al cuerpo de inspectores.

Este segundo punto genera una confusión que conviene desactivar: entre los artículos derogados del RD 276/2007 está el 48, titulado «Fase de prácticas». No afecta a los docentes. Aquel capítulo regulaba el acceso a inspección, no el ingreso en los cuerpos docentes, cuyo régimen sigue en los artículos 29 a 32 de ese mismo reglamento, intactos. Si estás en tu año de prácticas como docente, tu norma no ha cambiado: la tienes explicada en nuestra guía de la fase de prácticas del funcionario docente.

Qué puede hacer un inspector: las atribuciones del artículo 7

El artículo 6 enumera las funciones (qué persigue la inspección) y el artículo 7 las atribuciones (qué puede hacer para conseguirlo). Son las atribuciones las que importan cuando llega la visita:

La letra b) es la que explica por qué los documentos del centro importan tanto. La inspección no evalúa solo lo que ve en el aula: comprueba la coherencia entre lo que el centro dice que hace y lo que sus documentos acreditan. Por eso el proyecto educativo de centro desactualizado o la memoria final de curso que no evalúa nada son hallazgos tan reales como cualquier otro.

Conviene leer también la letra d) con atención, porque contiene su propio límite: la participación en órganos colegiados se ejerce «respetando el ejercicio de la autonomía que la ley les reconoce». La inspección supervisa la autonomía del centro; no la sustituye. La misma idea está en la función del artículo 6.a), que ordena supervisar «con respeto al marco de autonomía que ampara la Ley Orgánica 2/2006».

Informe, acta y requerimiento: tres documentos que no son lo mismo

El artículo 11 es breve pero denso, y distingue instrumentos que en la conversación de claustro se llaman todos «el informe de inspección».

Los documentos formalizados por los inspectores y las inspectoras de educación en el ámbito de sus funciones y atribuciones, entre los que se encuentran informes y actas, así como los hechos recogidos como constatados en ellos, gozarán de presunción de veracidad y carácter probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus legítimos derechos o intereses puedan aportar las personas interesadas. Salvo disposición expresa que indique lo contrario los informes serán no vinculantes.

Desmontemos esa frase, porque cada inciso tiene consecuencias:

• La presunción de veracidad recae sobre «los hechos recogidos como constatados». Es decir, sobre lo que el inspector ha comprobado directamente, no sobre sus valoraciones ni sobre lo que le hayan contado.
• Es una presunción, no una certeza inatacable. La norma lo dice expresamente: «sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus legítimos derechos o intereses puedan aportar las personas interesadas». Se puede desvirtuar, aportando prueba.
• Los informes son, por defecto, no vinculantes. Solo dejan de serlo si una disposición expresa lo establece. Un informe puede recomendar; salvo previsión concreta, no ordena.

El requerimiento es otra cosa. El artículo 11.2 lo define como el instrumento que permite «instar a las personas responsables de los centros, servicios y programas, así como a los miembros de la comunidad educativa, a que adecuen sus actuaciones, organización y funcionamiento a la normativa vigente». Ahí ya no hay recomendación: hay una intimación a corregir. Distinguir un informe de un requerimiento es la diferencia entre tomar nota y tener que actuar.

De ahí una consecuencia práctica al recibir cualquiera de estos documentos: lee primero qué es y qué parte es «hecho constatado». Si discrepas de un hecho, tu vía es aportar prueba. Si discrepas de una valoración en un informe no vinculante, el terreno es otro.

La visita de inspección

El artículo 10 la define como «una de las principales técnicas» de la función inspectora y la somete a cuatro principios: planificación, coordinación, seguimiento y registro de actuaciones. Ese cuarto principio es el que suele pasar desapercibido y el que más conviene conocer: las actuaciones se registran, de modo que una visita no es un episodio aislado sino parte de una serie con historial.

Sobre el origen de la visita, el mismo artículo prevé tres vías: por orden superior, por propia iniciativa del inspector, o en desarrollo de la planificación establecida por la Administración educativa. La mayoría de las visitas responden al tercer supuesto, lo que significa que son previsibles: el plan de actuación de la inspección de tu comunidad autónoma suele ser público y anticipa las prioridades del curso.

Cómo prepararse sin montar un teatro

La preparación útil no consiste en producir documentos para la ocasión, sino en que los que ya deben existir estén en orden. Un repaso corto y honesto:

1. Los documentos institucionales están aprobados y consta quién los aprobó. Con sus actas, y con las fechas en orden cronológico coherente.
2. Están publicados los que la ley obliga a publicar. El proyecto educativo, por ejemplo, debe hacerse público conforme al artículo 121.3 de la LOE.
3. No hay remisiones a normas derogadas. Es el hallazgo más fácil de encontrar y el que peor imagen da.
4. Lo que la memoria propuso el curso pasado aparece en la programación de este. La trazabilidad entre documentos es lo que demuestra que el ciclo funciona.
5. Las evidencias existen y son localizables. Un dato sin fuente es una afirmación, y la letra b) del artículo 7 permite pedir la fuente.

Cómo se accede ahora al Cuerpo de Inspectores

El capítulo II del RD 68/2026 regula el acceso, que sigue siendo por concurso-oposición, con una fase de prácticas que forma parte del proceso selectivo (art. 14.2, desarrollada en el art. 24). El sistema debe permitir evaluar «la cualificación de las personas aspirantes para el ejercicio de la función inspectora», junto con los conocimientos y técnicas específicas para desempeñarla.

La fase de oposición tiene un enfoque que merece subrayarse, porque orienta cómo hay que prepararla: el artículo 21.1 la define como valoración de «la capacidad de liderazgo pedagógico» y evaluación de «las competencias profesionales propias de la función inspectora», además de los conocimientos. No es una oposición de temario puro: se evalúa criterio profesional.

En la fase de concurso se valoran, entre otros méritos, la trayectoria profesional, el ejercicio en su caso de la función inspectora y la preparación científica y didáctica, con baremos que deben respetar las especificaciones básicas del anexo I de la propia norma. Y el artículo 23 fija cómo se pasa a prácticas: resultan seleccionadas las personas que, habiendo superado la oposición y ordenadas por la puntuación global de ambas fases, tengan un número de orden igual o menor que el número total de plazas convocadas.

Si estás preparando este acceso, el punto de contacto con el resto de documentos del sistema es evidente: la función inspectora consiste en buena medida en leer y valorar los documentos institucionales de los centros. Conocer por dentro cómo se construyen un PEC, una PGA o un proyecto de dirección no es materia colateral, es el objeto mismo del trabajo.

Preguntas frecuentes

¿Puede un inspector entrar en un centro privado?

Sí. El artículo 7.a) le atribuye conocer, supervisar y observar las actividades que se realicen en los centros «tanto públicos como privados», con libre acceso a ellas.

¿Estoy obligado a entregarle la documentación que pida?

El artículo 7.b) le atribuye examinar y comprobar la documentación académica, pedagógica y administrativa del centro, y el 7.c) prevé que reciba del personal y de los responsables «la necesaria información y colaboración», ejerciendo con consideración de autoridad pública. La colaboración no es discrecional.

¿El informe de inspección me obliga a hacer lo que dice?

Por regla general no: el artículo 11.1 establece que, salvo disposición expresa en contrario, los informes son no vinculantes. Cosa distinta es un requerimiento del artículo 11.2, que insta expresamente a adecuar actuaciones, organización y funcionamiento a la normativa vigente.

¿Puedo discutir lo que dice un acta?

La presunción de veracidad y el carácter probatorio operan «sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus legítimos derechos o intereses puedan aportar las personas interesadas». Es decir, la presunción admite prueba en contrario, y afecta a los hechos constatados, no a las valoraciones.

¿Avisan antes de la visita?

La norma no impone un preaviso. El artículo 10.2 prevé que la presencia se produzca por orden superior, por propia iniciativa o en desarrollo de la planificación establecida por la Administración educativa, que suele hacerse pública en el plan de actuación del curso.

¿Qué titulación y requisitos hacen falta para opositar a inspección?

Los requisitos generales están en el artículo 12 y los específicos en el artículo 13 del RD 68/2026, y la convocatoria de tu Administración educativa los concreta. Consulta ambos, porque la convocatoria no puede rebajar los requisitos básicos pero sí precisarlos.

Deja tus documentos en orden antes de que los lean otros

La inspección no penaliza los centros que tienen problemas: penaliza los que no pueden acreditar qué han hecho con ellos. Documentos aprobados y fechados, remisiones normativas vigentes, propuestas que se pueden seguir de un curso al siguiente. Con Tesify puedes redactar y revisar los documentos institucionales y de oposición sobre tus propios materiales, comprobar que cada afirmación tiene su evidencia y mantener la coherencia entre versiones, que es exactamente lo que se mira cuando alguien los lee con criterio profesional.

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Este artículo cita el Real Decreto 68/2026, de 4 de febrero, y el Real Decreto 276/2007 en sus textos consolidados publicados en el BOE. Las administraciones educativas desarrollan esta norma básica en su ámbito: consulta el plan de actuación y la normativa de inspección de tu comunidad autónoma.