Respuesta directa: el plan de convivencia es obligatorio en todos los centros y vive en dos documentos a la vez, cosa que casi nadie explica. El artículo 121.2 de la LOE lo incluye entre los contenidos mínimos del proyecto educativo; el artículo 124.1 dice que los centros lo elaborarán y «que incorporarán a la programación general anual». No es una contradicción: es que el plan tiene una parte estable y una parte anual, y tratarlo como un archivo único e inmóvil es el error más extendido.

A eso se añade una capa que desde 2021 cambió el listón: la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia impone protocolos aplicables en todos los centros «independientemente de su titularidad» y obliga a que cada centro tenga un Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección.

Qué tiene que contener el plan, según la LOE

El artículo 124.1 es la norma de contenido:

Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación general anual y que recogerá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, tomando en consideración la situación y condiciones personales de los alumnos y alumnas, y la realización de actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación.

Cuatro bloques obligatorios, por tanto: actividades programadas para el clima de convivencia, concreción de derechos y deberes del alumnado, medidas correctoras aplicables, y actuaciones de resolución pacífica de conflictos con atención específica a la prevención de la violencia de género, la igualdad y la no discriminación.

La parte estable y la parte anual

Aquí está la clave que resuelve la aparente duplicidad. Fíjate en qué elementos de esa lista cambian cada curso y cuáles no:

De ahí la regla práctica: el marco se aprueba una vez y se revisa cuando hay motivo; las actividades se replanifican y se evalúan cada año. Un plan de convivencia que se copia y pega íntegro en la PGA de cada septiembre, con las mismas actividades y las mismas fechas genéricas, está incumpliendo el sentido del artículo 124.1, que habla de «todas las actividades que se programen» —en ese curso, no en abstracto.

Las normas de convivencia son de obligado cumplimiento

El artículo 124.2 añade un régimen que conviene citar bien, porque limita lo que un centro puede hacer. Las normas de convivencia y conducta «serán de obligado cumplimiento», y las medidas correctoras están sujetas a tres condiciones acumulativas:

• Tendrán «un carácter educativo y recuperador».
• Deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurar la mejora de las relaciones en la comunidad educativa.
• Deberán ser «proporcionadas a las faltas cometidas», tomando en consideración la situación y condiciones personales del alumno o alumna.

Una medida correctora meramente punitiva, desconectada de cualquier finalidad educativa o desproporcionada respecto de la falta, no encaja en el artículo 124.2 por muy escrita que esté en el reglamento del centro. El plan no puede legalizar lo que la ley no permite.

Lo que añadió la LOPIVI en 2021

La Ley Orgánica 8/2021 dedica un capítulo al ámbito educativo y elevó considerablemente el nivel de exigencia. Su artículo 31.1 remite expresamente al artículo 124 de la LOE, de modo que no crea un plan paralelo: refuerza el que ya existía, añadiéndole contenidos.

El artículo 31.2 introduce los códigos de conducta consensuados entre tutores, equipos docentes y alumnado ante el acoso escolar, y contiene un inciso que resuelve una duda muy frecuente sobre el alcance del plan:

con independencia de si estas se producen en el propio centro educativo o si se producen, o continúan, a través de las tecnologías de la información y de la comunicación

Es decir: el plan de convivencia alcanza a lo que ocurre por medios digitales, y también a lo que empieza en el centro y continúa fuera por esa vía. La respuesta de que «eso pasó fuera del horario escolar y por el móvil» dejó de ser sostenible como criterio general.

Protocolos: quién los aprueba y cuándo se activan

El artículo 34.1 encarga a las administraciones educativas regular los protocolos contra el abuso y el maltrato, el acoso escolar, el ciberacoso, el acoso sexual, la violencia de género, la violencia doméstica, el suicidio y la autolesión. Es decir, el centro no redacta el protocolo: lo aplica. Y lo aplica en unas condiciones muy amplias:

• En todos los centros «independientemente de su titularidad». Públicos, concertados y privados.
• Se inician ante «indicios» detectados por el personal docente o educador, por las familias o por cualquier miembro de la comunidad educativa.
• O por «la mera comunicación de los hechos» por parte del niño, niña o adolescente. Este es el umbral que más conviene interiorizar: la comunicación del menor basta por sí sola para activar el protocolo. No hace falta comprobación previa, ni valoración de verosimilitud, ni denuncia formal.

Ese último punto invierte el reflejo habitual de «primero averiguamos y luego decidimos si abrimos el protocolo». La norma coloca la activación antes de la averiguación, precisamente porque la averiguación forma parte del protocolo.

El Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección

El artículo 35.1 es taxativo: todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad, «independientemente de su titularidad», deben tener un Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección del alumnado, que actúa bajo la supervisión de quien ostente la dirección o titularidad del centro.

Quién lo ejerce y con qué requisitos lo determina cada administración educativa, que decide también «si estas funciones han de ser desempeñadas por personal ya existente en el centro escolar o por nuevo personal». Pero las funciones tienen un mínimo fijado por la ley estatal. Entre las once que enumera el artículo 35.2, cuatro son las que más definen el puesto en el día a día:

• Ser el referente identificable. La letra c) le obliga a identificarse ante alumnado, personal y comunidad educativa «como referente principal para las comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno». Si nadie en el centro sabe quién es, esa función no se está cumpliendo.
• Coordinar los casos que requieran servicios sociales, conforme a los protocolos aprobados, informando a las autoridades cuando se valore necesario y sin perjuicio del deber legal de comunicación (letra b).
• Coordinar con la dirección el plan de convivencia del artículo 31 (letra h). Esta es la costura entre la figura y el documento.
• Promover la comunicación inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante situaciones de riesgo para la seguridad de los menores (letra i), y a las Agencias de Protección de Datos ante posibles tratamientos ilícitos de sus datos personales (letra j).

El apartado 3 cierra con una cautela que en la práctica condiciona mucho el trabajo: el coordinador actuará «en todo caso, con respeto a lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos». Documentar un caso y compartirlo con quien no tiene que conocerlo son dos cosas distintas.

Errores frecuentes al redactar o revisar el plan

• Plan único e inmóvil. El mismo archivo desde hace años, incorporado sin cambios a cada PGA. Falta la parte anual que exige el artículo 124.1.
• Actividades sin responsable ni fecha. «Se realizarán acciones de sensibilización» no es una actividad programada.
• Medidas correctoras sin justificación de proporcionalidad. El artículo 124.2 exige que sean proporcionadas y educativas; conviene que el propio plan explique el criterio.
• Ámbito digital ausente. Si el plan no dice nada sobre lo que ocurre o continúa por medios digitales, le falta lo que el artículo 31.2 de la LOPIVI incorporó expresamente.
• Coordinador designado pero invisible. Consta en un acta y no lo conoce el alumnado. La letra c) del artículo 35.2 pide exactamente lo contrario.
• Sin evaluación al cierre. Lo que se incorpora a la PGA se evalúa en la memoria. Un plan que nunca se evalúa no genera mejoras para el curso siguiente.

Ese último punto conecta con el resto del ciclo documental del centro, y es también lo que revisa quien viene de fuera: la inspección educativa puede examinar la documentación pedagógica del centro, y la coherencia entre lo que el plan prometió y lo que la memoria evaluó es de las cosas más sencillas de comprobar.

Preguntas frecuentes

¿El plan de convivencia va en el proyecto educativo o en la PGA?

En los dos, y no es un error de la ley. El artículo 121.2 de la LOE incluye los planes de convivencia entre los contenidos mínimos del proyecto educativo, y el artículo 124.1 establece que el plan se incorpora a la programación general anual. El marco estable pertenece al PEC; las actividades programadas de cada curso, a la PGA.

¿Los centros privados y concertados tienen las mismas obligaciones?

En lo que respecta a la LOPIVI, sí en los puntos que aquí importan: el artículo 34.1 impone que los protocolos se apliquen en todos los centros «independientemente de su titularidad», y el artículo 35.1 exige el Coordinador de bienestar y protección en todos los centros donde cursen estudios personas menores de edad, también con independencia de la titularidad.

¿Quién puede ser Coordinador de bienestar y protección?

Lo determina cada administración educativa, que fija los requisitos y las funciones y decide si el puesto lo asume personal ya existente en el centro o personal nuevo (art. 35.2). Lo que no es disponible es el catálogo mínimo de funciones, que fija la propia ley orgánica.

¿Hay que activar el protocolo aunque no haya pruebas?

El artículo 34.1 prevé que los protocolos se inicien cuando se detecten indicios, o por «la mera comunicación de los hechos» por parte del niño, niña o adolescente. La comprobación es parte del protocolo, no un requisito previo para abrirlo.

¿El plan cubre el ciberacoso fuera del centro?

El artículo 31.2 de la LOPIVI se refiere a situaciones de acoso u otras que afecten a la convivencia «con independencia de si estas se producen en el propio centro educativo o si se producen, o continúan, a través de las tecnologías de la información y de la comunicación». El criterio legal atiende a la afectación de la convivencia escolar, no solo al lugar físico.

¿Cada cuánto se revisa el plan de convivencia?

La parte de actividades se replanifica cada curso, porque se incorpora a la PGA. El marco se revisa cuando cambia la normativa, cuando cambia la realidad del centro o cuando la memoria de final de curso detecta que lo previsto no funciona.

Escribe el plan para que se pueda cumplir y evaluar

Un buen plan de convivencia se reconoce por una prueba sencilla: cada actividad tiene responsable, momento y forma de comprobar si se hizo, y cada medida correctora tiene un criterio de proporcionalidad explicable. Con Tesify puedes redactarlo sobre tus propios documentos, separar limpiamente la parte estable de la anual, mantener la trazabilidad con el proyecto educativo y la PGA, y dejar preparado desde el principio el apartado que tendrás que evaluar en junio.

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Este artículo cita la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, en sus textos consolidados publicados en el BOE. Los protocolos concretos los aprueba tu administración educativa: consúltalos, porque su contenido y sus plazos varían entre comunidades autónomas.