Por qué España produce un 44% menos de tesis doctorales que en 2016: los datos de la caída (2026)

El descenso de tesis doctorales en España alcanza proporciones alarmantes: en 2016 se aprobaron 20.049 tesis; en 2022, la cifra cayó a 11.259. Eso es una reducción del 44% en apenas seis años, según los datos oficiales del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La caída no se explica por un menor interés en la investigación — la matrícula en programas de doctorado ha bajado de forma mucho más moderada —, sino por la combinación de precariedad contractual, lentitud burocrática y expectativas laborales que no compensan el esfuerzo exigido.

Este artículo reúne los datos disponibles, los desglosa por disciplina y señala los factores estructurales que la comunidad investigadora lleva años denunciando.

Los datos globales: de 20.049 a 11.259 tesis

La Estadística de Tesis Doctorales (ETD) que publica anualmente el SIIU es la fuente oficial de referencia. Los últimos datos disponibles, publicados el 15 de diciembre de 2023, corresponden al año de lectura 2022. La serie temporal muestra la siguiente evolución en el número de tesis aprobadas:

Fuente: SIIU — Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Estadística de Tesis Doctorales, edición 2022 (publicada diciembre 2023).

El dato es especialmente llamativo porque el punto de partida, 2016, ya era un año en que el doctorado español arrastraba las secuelas de la Gran Recesión. La recuperación que se esperaba tras la aprobación del Real Decreto 576/2023 y las mejoras salariales en los contratos predoctorales todavía no se refleja en las estadísticas de tesis aprobadas, dado el desfase temporal propio de un proceso formativo de varios años. El mismo SIIU que registra esta caída también documenta el crecimiento acelerado de las universidades privadas respecto a las públicas; para el contexto completo del sistema universitario español, consulta el análisis sobre universidades privadas vs. públicas en España 2026 según datos SIIU.

El número de estudiantes matriculados en programas de doctorado, en cambio, cayó de forma mucho menos pronunciada: de 97.749 en 2016 a 94.680 en 2022, una diferencia de algo más de 3.000 personas. Esto significa que la matriculación se mantiene relativamente estable, pero muchos doctorandos no alcanzan la lectura de la tesis.

El desplome por disciplina: informática y ciencias, los más afectados

El descenso no se distribuye de manera uniforme entre los distintos ámbitos de conocimiento. Las disciplinas STEM son las que han sufrido la caída más severa, lo que tiene consecuencias directas sobre la capacidad innovadora del país.

La caída en informática es particularmente reveladora. Se trata de un ámbito donde la industria privada compite directamente por el talento con salarios que, en la mayor parte de los casos, superan con creces lo que puede ofrecer un contrato predoctoral de cuatro años. Un graduado en informática con perspectivas de empleo inmediatas a menudo no puede permitirse el coste de oportunidad de un doctorado no remunerado o insuficientemente remunerado.

En ciencias, la caída del 55% resulta especialmente preocupante desde el punto de vista de la política científica: son los ámbitos donde la investigación básica —biología molecular, física, química, geología— genera el conocimiento que posteriormente se traslada a aplicaciones tecnológicas y biomédicas. Una reducción tan pronunciada en la producción de doctores en estas áreas amenaza la base del ecosistema investigador español. Esta sangría de talento se superpone con otra brecha estructural: las mujeres siguen subrepresentadas en las posiciones de liderazgo científico; los datos de 2026 sobre mujeres investigadoras y catedráticas STEM en España según el CSIC ilustran hasta qué punto el sistema pierde doblemente cuando el volumen de doctores cae y la paridad de género sigue pendiente.

Matrícula vs. tesis defendidas: la brecha que revela el problema

Para entender la naturaleza del problema, es crucial distinguir entre entrar en un programa de doctorado y llegar a defender la tesis. La matriculación en programas de doctorado cayó apenas un 3,1% entre 2016 y 2022 (de 97.749 a 94.680 estudiantes). Pero las tesis aprobadas se redujeron un 44%. La brecha entre ambas cifras indica que el problema principal no es la falta de interés inicial en cursar el doctorado, sino la incapacidad del sistema para retener y acompañar a los doctorandos hasta la defensa.

Cada doctorando que abandona sin defender representa años de inversión personal perdidos — y, en los casos con contrato, también inversión pública —. La tasa de abandono en el doctorado español es estructuralmente elevada y tiene causas múltiples: cambio de situación laboral o personal, conflictos con el director de tesis, dificultades financieras y, muy frecuentemente, la incertidumbre sobre las perspectivas profesionales al final del proceso. El artículo sobre cómo elegir codirector de tesis doctoral en 2026 profundiza en la dinámica de la relación con la dirección, uno de los factores que a menudo condiciona la continuidad en el programa.

El desfase temporal también importa metodológicamente: un doctorando que se matriculó en 2018 tiene probabilidades de defender en 2022-2024 si todo va bien. Las tesis aprobadas en 2022 reflejan decisiones de matriculación y financiación tomadas entre 2018 y 2020, justamente el período en que el impacto de los recortes en I+D de la crisis anterior todavía afectaba a la oferta de contratos predoctorales.

Precariedad predoctoral: el motor del abandono

La mayoría de quienes inician un doctorado en España lo hacen sin un contrato predoctoral, es decir, sin ningún tipo de remuneración formal por su trabajo investigador. Sandra González, vocal de la Organización de Estudiantes e Investigadores e Investigadoras (OEII), sintetizó esta situación en declaraciones recogidas por El Español en febrero de 2025: en España se sigue tratando a los doctorandos como becarios, no como trabajadores. Cristina Rodríguez, de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios), señaló que el período que va desde la defensa de la tesis hasta la obtención de un puesto investigador estable puede alcanzar los diez años.

Esta precariedad tiene consecuencias directas y mensurables:

• Necesidad de compaginar el doctorado con empleo externo, lo que ralentiza el avance de la investigación y alarga el tiempo hasta la defensa.
• Abandono cuando surge una oportunidad laboral, especialmente en perfiles STEM con alta empleabilidad en la industria.
• Efecto disuasor ex ante: potenciales candidatos al doctorado descarten la opción al calcular el coste de oportunidad frente a sus alternativas laborales.
• Deterioro de la salud mental, documentado en múltiples estudios sobre el bienestar de doctorandos a nivel europeo, asociado a la incertidumbre económica y la falta de claridad sobre las perspectivas futuras.

El sistema español también presenta una particularidad relevante: hasta la entrada en vigor de la Ley de la Ciencia de 2022 y sus desarrollos reglamentarios posteriores, los contratos predoctorales no estaban homologados de manera clara con el estatuto de trabajador. La figura del “personal investigador en formación” convivía con un marco jurídico ambiguo que, en la práctica, beneficiaba a las instituciones y perjudicaba a los doctorandos. Para quienes necesitan prorrogar su matrícula porque el proceso se alarga, la guía sobre cómo solicitar la prórroga de matrícula en el doctorado detalla los plazos y procedimientos vigentes en 2026.

FPU, FPI y los contratos que no se cubren

Los dos principales programas estatales de financiación predoctoral son las ayudas FPU (Formación de Profesorado Universitario, gestionadas por el Ministerio de Ciencia) y los contratos FPI (Formación de Personal Investigador, vinculados a proyectos de I+D de la Agencia Estatal de Investigación). Ambos son contratos de cuatro años y representan la vía de acceso más estable al doctorado.

Sin embargo, la demanda supera con creces la oferta de plazas, y el proceso de adjudicación arrastra retrasos sistémicos. Una convocatoria FPU publicada en el primer semestre del año puede no resolverse definitivamente hasta finales del siguiente, dejando a cientos de candidatos en una situación de incertidumbre que los obliga a tomar decisiones laborales sin conocer el resultado. Esta lentitud burocrática no es exclusiva de las convocatorias predoctorales: el plazo medio de acreditación ANECA en 2026 —que cayó de 11,7 a 5,4 meses según los datos mensuales más recientes— muestra que la administración académica española puede acelerar cuando hay voluntad política, un contraste que los investigadores en formación no pasan por alto.

Un caso concreto que ilustra la disfunción del sistema: según información publicada por ElDiario.es, entre las convocatorias de 2022 y 2023 quedaron sin adjudicar 277 contratos FPU del Ministerio de Ciencia. La razón fue que quienes habían obtenido la ayuda la rechazaron — frecuentemente porque el proceso fue tan lento que para cuando se resolvió, ya habían aceptado otro empleo o beca — y el sistema no transfirió automáticamente la asignación al siguiente candidato en la lista de espera. El resultado: plazas vacías y doctorandos sin financiación, simultáneamente.

Para una comparativa detallada de lo que cobran estos contratos por tipo, año de contrato y área de conocimiento, el artículo sobre el salario del investigador predoctoral en España en 2026 recoge las tablas retributivas actualizadas.

El salario bruto anual establecido para los contratos FPU en los últimos años ronda los 31.900 €, una cifra que, descontada la cotización a la Seguridad Social, resulta en un neto mensual poco atractivo en ciudades como Madrid o Barcelona, donde los costes de alojamiento son elevados. Muchos candidatos con perfiles en demanda —especialmente en ingeniería, informática y biomedicina— prefieren salarios de mercado que en algunos casos multiplican esa cifra.

Perspectiva internacional: ¿es España un caso único?

La precariedad doctoral no es un fenómeno exclusivamente español; varios países de la OCDE muestran tendencias similares aunque con intensidades diferentes. Australia registró una reducción del 8% en sus inscripciones doctorales entre 2018 y 2023. Brasil vivió en 2022 la matrícula doctoral más baja en casi una década. Japón experimenta un descenso sostenido desde principios de los 2000.

Sin embargo, la magnitud del caso español —44% en seis años— supera en gravedad a la mayoría de estos precedentes. Francia, en contraste, exige remuneración obligatoria para todos los doctorandos, lo que contribuye a mantener tasas de finalización más elevadas. Alemania ha apostado por los contratos de investigador asociado (Wissenschaftlicher Mitarbeiter) que, aunque también temporales, ofrecen derechos laborales claros.

La diferencia fundamental no reside solo en los salarios sino en el reconocimiento jurídico del doctorando como trabajador. En países donde ese reconocimiento es pleno, los índices de abandono son menores porque la persona dispone de protección social, seguridad en los ingresos y derechos de negociación colectiva. En España, aunque la Ley de la Ciencia de 2022 supuso un avance en ese sentido, su implantación práctica ha sido lenta y desigual entre universidades.

El análisis de cómo se mide la producción investigadora española — artículos, citas e indicadores de impacto — se puede ampliar en el artículo sobre el la duración media de la tesis doctoral en España 2026 por rama y modalidad, que contextualiza la caída en tesis dentro del panorama estadístico más amplio.

Consecuencias para el sistema científico español

La reducción en el número de doctores producidos anualmente tiene efectos en cascada que van más allá del dato estadístico. En primer lugar, la base del personal investigador se estrecha: los doctores son el insumo básico del sistema de I+D. Sin suficientes doctores jóvenes, las universidades y los organismos de investigación no pueden renovar sus plantillas ni afrontar proyectos de mayor envergadura.

En segundo lugar, la caída afecta de manera desproporcionada a las disciplinas estratégicas. Que España produzca un 69% menos de doctores en informática que hace seis años es una señal preocupante en un contexto de competencia global por el talento digital. Las empresas tecnológicas que necesitan perfiles con doctorado —especialmente en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad— están recurriendo en mayor medida a investigadores formados en otros países.

En tercer lugar, el capital científico del país depende en parte de la calidad y el volumen de su producción doctoral. La cienciometría y la bibliometría miden el impacto de la investigación española en términos de publicaciones y citas, métricas que a largo plazo se resienten si el caudal de nuevos investigadores se reduce. Para entender cómo se interpretan esos indicadores de impacto, el artículo sobre qué es cienciometría y en qué se diferencia de bibliometría ofrece una introducción accesible.

Por último, hay un efecto generacional. La generación de investigadores formados entre 2010 y 2020 — la que sufrió más intensamente los recortes en ciencia y la precariedad del mercado académico — está comenzando a ocupar posiciones de liderazgo, pero lo hace en menor número del que el sistema necesitaría. La brecha de doctores producidos entre 2016 y 2022 tardará años en recuperarse, incluso si las condiciones mejoran de manera sustancial a partir de ahora.

Para quienes están valorando iniciar un doctorado en España, conocer bien la transición desde el máster puede marcar la diferencia entre completarlo o abandonarlo. La guía del máster al doctorado en España 2026 aborda los aspectos prácticos: selección de programa, tipos de financiación disponible y pasos administrativos. Herramientas como Tesify pueden ayudar a organizar la escritura y la gestión bibliográfica durante este proceso largo y exigente.

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